Estado sin conciencia, funcionarios sin corazón

“¿Qué pasa en la Dirección General de Aviación Civil? Tal vez nada nuevo. Puede que los problemas sean debidos únicamente a la proverbial lentitud y torpeza de la burocracia española. Pero si bien no se puede censurar a una tortuga que sea perezosa, pues está en su naturaleza serlo, sí se puede censurar y denunciar a una Administración que podría ser, por lo menos, tan competente y diligente como las de otros países europeos. La Administración lenta es injusta; la centralista, despótica; y la que, además, pretende institucionalizar su incompetencia, inmoral. No hace falta ser médico para saber que el Estado no tiene conciencia, pero hay que meterse en las tripas de su burocracia para descubrir que algunos funcionarios ni siquiera tienen corazón.”


Varios médicos examinadores aéreos y clínicas o centros médicos de Galicia, País Vasco e Islas Baleares, entre otros -autorizados para chequear la salud de pilotos comerciales, controladores aéreos, pilotos privados y tripulantes de cabina de pasajeros (azafatas/os)-, se encuentran en este momento en cierre técnico debido a problemas burocráticos con la renovación de su autorización.

Incomprensiblemente, cuando nunca había habido el menor problema para renovar cada tres años dicha autorización, pagando la tasa correspondiente y justificando las horas preceptivas de congresos o cursos de refresco, algunos centros y médicos nos hemos encontrado, al interesarnos por la tardanza de la autorización, con la prohibición “verbal” de seguir trabajando porque, según una Orden Ministerial del año 2003, la administración impone que se presente dicha solicitud con “al menos tres meses de antelación” a la finalización de la vigencia de la citada autorización.

Puestos al habla con otros compañeros que ejercen sus funciones como médicos examinadores en otros sitios de España, no ha habido ni un solo caso que no haya mostrado su extrañeza (¡y su indignación!) por la aplicación estricta de esta norma de la que nadie tenía conocimiento (aunque fuera publicada en el BOE), y de la que nunca, hasta ahora, la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) había hecho un uso tan inflexible.

No discutiré la claridad de la norma, ni el derecho del Ministerio de Fomento a ejercer sus atribuciones legales, pero sí pongo en duda la eficiencia burocrática de la DGAC española, que precisa, al parecer, de tres meses para resolver una solicitud que en Bruselas, por ejemplo, se resuelve en tres días.

Además quiero denunciar su aplicación injusta en este caso, pues se ha roto, sin que mediara advertencia alguna, la “costumbre” de la Administración de aplicar la renovación casi automática de la autorización. Nosotros somos médicos, no burócratas ni abogados, y no estamos suscritos al BOE.

La Dirección General de Tráfico notifica a los conductores la caducidad de su permiso de conducir, y en cuanto se presentan los documentos obligados, el conductor dispone, al instante, de una prórroga para seguir conduciendo. El Ministerio del Interior renueva el Documento Nacional de Identidad en el día. En cambio, la DGAC exige a los médicos examinadores, inspeccionados cada vez que ella lo estime pertinente, que soliciten la renovación de su autorización, como mínimo, con tres meses de antelación a su caducidad. Y si no, se nos impide trabajar. ¡Como si fuéramos delincuentes!

La DGAC está actuando sin miramiento alguno hacia los perjuicios económicos que inflige a médicos y clínicas que, en muchos casos, se han especializado en prestar este servicio al personal de vuelo de aviación civil y a los controladores de tránsito aéreo; ni muestra el menor escrúpulo por las molestias indudables que se causan a estos profesionales de la aviación, obligándolos a desplazarse, por ejemplo, desde Galicia a Madrid, para un chequeo de aptitud que venían realizando en su Comunidad.

Se da la circunstancia agravante de que nuestra Clínica Aeromédica, ubicada en A Coruña, es el único centro de Galicia autorizado por la DGAC para hacer reconocimientos médicos a pilotos comerciales y controladores de AENA. Enviamos los documentos requeridos, junto con la solicitud de renovación, hace más de un mes. Pero en la Sección de Medicina Aeronáutica, con la que estamos conectados informáticamente y en contacto telefónico casi a diario, ese tiempo no es suficiente, por lo visto, para trasladar los documentos a la mesa donde la autoridad pertinente estampará una firma.

¿Qué pasa, pues, en la DGAC? Tal vez nada nuevo. Puede que estos problemas sean debidos únicamente a la proverbial lentitud y torpeza de la burocracia española, tantas veces satirizada en nuestra literatura. Pero si bien no se puede censurar a una tortuga que sea perezosa, pues está en su naturaleza serlo, sí se puede censurar y denunciar a una Administración que podría ser, por lo menos, tan competente y diligente como las de otros países europeos.

La Administración lenta es injusta; la centralista, despótica; y la que, además, pretende institucionalizar su incompetencia, inmoral. No hace falta ser médico para saber que el Estado no tiene conciencia, pero hay que meterse en las tripas de su burocracia para descubrir que algunos funcionarios ni siquiera tienen corazón.

Y también se debe recordar a todos los funcionarios, altos o bajos, que son ellos los que están al servicio de los contribuyentes y no los contribuyentes al suyo. Porque el Estado, la ley y la norma fueron hechos para el ciudadano; no el ciudadano para el Estado, la ley o la norma.

Aunque no tenga ninguna validez oficial, el resultado del chequeo realizado por un servidor a la sección de Medicina Aeronáutica y la Dirección General de Aviación Civil, pertenecientes ambos al Ministerio de Fomento, es: NO APTOS para el servicio a los ciudadanos. ¿O debería decir INEPTOS?

Reproducido por AVIACIÓN DIGITAL. También se ha hecho eco de la noticia CINE DIGITAL.

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