Las revistas especializadas forman parte de un selecto grupo de publicaciones médicas que entran a formar parte de los índices de consulta de los Institutos Nacionales de Salud, y pertenecen a asociaciones internacionales cuyos miembros se comprometen a defender unas consideraciones éticas y unos estándares científicos.
Los artículos tienen un precio: un tema de Critical Reviews tiene un coste de 372 dólares, mientras que una suscripción anual a Regulatory of Toxicology cuesta 275 dólares.
Sin embargo,
los críticos también afirman que hay revistas que son proveedoras de Ciencia Basura, pseudociencia mediante artículos respaldados por la Industria, que amenazan la salud pública al minimizar los peligros de conocidas sustancias tóxicas, tales como el plomo y el amianto. Los artículos a menudo se utilizan para paralizar los esfuerzos de regulación y a los que recurrir en las causas judiciales.
Un análisis realizado por el Centro de Integridad Pública encontró que la mitad de todos los artículos estaban escritos por científicos de la empresa de consultoría Gradient desde el año 1992, ya haya sido en Critical Reviews o en Regulatory of Toxicology. Ninguna otra revista ha ido tan pertinaz en este sentido.
‘Hay que estar muy ciego para no ver que los temas están relacionados con las políticas que podrían afectar a los beneficios de fuentes muy poderosas… La creación de dudas es una actividad que se repite una y otra vez, mientras tanto, la gente muere de manera innecesaria’, dijo la activista contra el uso del amianto Kathleen Ruff.
Los Consejos Editoriales de ambas revistas están constituidos por científicos y abogados que trabajan para la Industria, convirtiendo en vulnerables a los defensores de la sanidad pública. Entre los miembros que actualmente forman parte de sus Consejos Editoriales hay consultores privados, que han recibido comisiones para que actúen como peritos en los Tribunales.
“Estas prácticas enturbian la literatura científica independiente. Tratan de llevar el agua a su molino”, dijo Jennifer Sass, científico de Natural Resources Defense Council, un grupo de defensa ambiental.
Los responsables de las revistas niegan que sus relaciones con la Industria comprometan su independencia científica.
“Es un cuestión recurrente, algo realmente lamentable, el considerar que todo lo que apoya la Industria está corrompido. Las percepciones lo impregnan todo”,
dijo David Warheit, miembro de Critical Reviews y científico en Chemours, empresa que se dedica a la fabricación de dióxido de titanio, un ingrediente de los protectores solares.
Warheit dijo de cada artículo que se envía a la revista es evaluado por cuatro o cinco revisores, frente a los dos o tres en los casos típicos. “He revisado algunos artículos para Critical Reviews in Toxicology, y no consiguieron ser publicados”.
El veterinario de Nuevo México y editor de Critical Reviews, Roger McClellan, rechazó la solicitud de una entrevista con este Centro, aunque envió un correo en el que decía sentirse orgulloso de los 45 años de historia de la revista. “Mi curriculum científico habla por sí solo”, agregó, proporcionándonos una extensa copia de 64 páginas con su vida profesional y de su biografía.
Gio Gori, editor de Regulatory Toxicolgy también se negó a comentar y dirigió todas las preguntas a la Editorial Elsevier. Un portavoz citó un editorial del año 2003, firmado por Gori, en el que hacía referencia a la objetividad de la revista y que “más de 600 científicos internacionales ayudan generosamente en el proceso de revisión por pares de la revista”.
CAOS Y CONFUSIÓN
El epidemiólogo Philippe Grandjean fue uno de los 42 científicos que firmaron una carta a finales de 2002 en la que se criticaba el frecuente fracaso de Regulatory Toxicology para dar a conocer los conflictos de interés y los vínculos con la Industria, comenzando por Gori.
Este ex Director del Instituto Nacional del Cáncer, ganó varios millones de dólares como consultor de la Industria del tabaco, cuestionando los peligros de los fumadores pasivos en revistas científicas, así como en The Washington Post.
“Gori es el tipo de persona dispuesta a escribir editoriales en las que reprueba a científicos honestos, por considerarlo algo fuera de lugar. Es algo descaradamente sesgado a favor de la Industria y en contra de la Ciencia abierta y transparente”, dijo Grandjean, epidemiólogo danés.
Elsevier se mantuvo al margen de la revista, pero aplicó una política de divulgación en 2003.
Una década más tarde, Grandjean redactó una nueva carta, en esta ocasión para expresar sus preocupaciones sobre Critical Reviews, donde formó parte del Consejo Editorial.
Profesor Adjunto en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard, e investigador pionero del mercurio, Grandjean dijo que accedió a formar parte de Critical Reviews hace más de 30 años, a pesar de su reputación de ser muy permisible con la Industria, porque pensó que tenía sentido su colaboración y tenía algo que decir del contenido de la revista.
Pero eso cambió en 2012, cuando la revista publicó dos artículos como réplica a una investigación del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, en los que se establecía un vínculo entre el cáncer de pulmón y los humos de los vehículos diésel. Grandjean dijo que la publicación “no era por el bien de la Ciencia”, sino una manera de poner en duda las conclusiones del NIOSH.
Sus quejas no fueron tenidas en cuenta por parte del editor McClellan o el entonces editor de Informa Health, de los cuales dijo Granjeand que incumplieron sus promesas de llevar a cabo una revisión independiente. Taylor & Francis, el actual editor de la revista, declinó hacer comentarios. En 2012, McClellan defendió las políticas de divulgación de la revista y dijo que la queja de Grandjean había sido transmitida al resto de miembros del Consejo Editorial, pero que “ninguno de ellos compartía las opiniones expresadas por el Dr. Grandjean”.
Grandjean renunció en 2012, poniendo fin a una relación positiva que se inició con el editor fundador, Leon Golberg. “Pensé que si McClellan me invitaba es porque consideraba útiles mis consejos, pero esto cambió, y si me mantenía era porque daba un cierto prestigio al aparecer mi nombre en la cabecera, justificando así que se trataba de una revista equilibrada”.
Como la revista que él fundó, la carrera de Golberg estuvo estrechamente ligada a la Industria. Natural de Chipre, ocupó varios cargos académicos en Sudáfrica y Gran Bretaña, finalizando su carrera en la Universidad de Duke. Y supervisó Critical Reviews desde la primera edición de septiembre de 1971, publicada por The Chemical Rubber Co.
La revista se presentó como “la voz de la razón” en una era de “caos y confusión”.
“Nunca antes de habían aprobado o propuesto tantas normas de regulación, algunas demasiado tarde, otras antes de tiempo, lo que desconcertaba a los consumidores y tuvo un fuerte impacto sobre la Industria”, escribió Golberg.
Ese mismo año, se produjo una crisis de salud pública cuando la Administración de Alimentos y Fármacos de Estados Unidos (FDA) emitió una advertencia contra el dietilestibestrol (DES), una hormona sintética utilizada desde hacía décadas por las mujeres embarazadas para combatir las náuseas del embarazo y prevenir abortos involuntarios o partos prematuros, y en cuya primera síntesis participó Golberg en 1938.
Nada menos que 10 millones de personas estuvieron expuestas al dietilestibestrol antes de que se relacionase con un raro cáncer vaginal y otros problemas de fertilidad, provocando innumerables pleitos.
El papel de Golberg en los daños causados por el dietilestibestrol es menos conocido que sus logros posteriores. Entre ellos se encuentra la fundación del Instituto de la Industria Química de Toxicología (CIIT), los Institutos Hamner de Ciencias de la Salud, un grupo de investigación fundado y financiado por la Industria Química, según Research Triangle Regional Partnership. También puso en funcionamiento la Asociación Industrial de Investigación Biológica Británica, una empresa de consultoría entre cuyos clientes se encontraba ExxonMobil y Procter & Gamble.
En la década de 1970, Golberg participó en una campaña, ahora desacreditada, a favor de unos cigarrillos más seguros, de la Compañía de tabacos R.J. Reynolds, que todavía financia becas en su honor en Wake Forest y Duke. Murió en 1987 de mesotelioma, un cáncer agresivo que está relacionado con la exposición al amianto.
McClellan sucedió a Golberg, y tanto uno como el otro, editores de Critical Reviews y de CIIT, trabajaron conjuntamente con grupos comerciales, como el American Chemistry Council. Critical Reviews se ha convertido en una de las revistas de toxicología más citadas, al mismo tiempo que ha recibido multitud de críticas.
Ruff, un abogado que trabaja en los pleitos relacionados con el amianto, censuró a Critical Reviews en mayo por lo que él considera una divulgación indebida de un artículo sobre el amianto en 2013.
En un testimonio de un proceso judicial se supo que la Industria había pagado a los autores casi 180.000 dólares en honorarios por la redacción de dicho artículo, que estos calificaron como donaciones. Citó esta circunstancia como una razón para que se publiquen estudios más estrictos y honestos.
Como editor de la revista Critical Reviews, McClellan se ha mostrado contrario a las normas de regulación. Ha declarado en el Congreso unas 20 veces. En 2011, se manifestó en contra de una propuesta de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) para disminuir la presencia de ozono a nivel del suelo, o la contaminación, señalando que era algo demasiado costoso, pidiendo a los legisladores que “una Economía saneada con personas empleadas es la piedra angular de una población sana”.
VÍNCULOS CON LA INDUSTRIA
Desde su aparición en 1981, Regulatory Toxicology se ha convertido en una fuente de credibilidad y de objetividad para una amplia audiencia. Sus coeditores se comprometieron en ocuparse de la Ciencia, en lugar de la política o de la mitología.
“La seguridad es algo relativo, no absoluto”, dijo el investigador del SIDA Frederick Coulston y el científico de la FDA, el Dr. Albert Kolbye Jr., escribió en la edición que inauguraba la revista: “La seguridad es un objetivo en movimiento”.
La revista se ha mostrado desde sus inicios favorable a los puntos de vista de la Industria. En su primera edición, el Editor asociado lamentaba: “Siempre se ha producido una cierta competencia entre el Gobierno y la Industria, pero siempre con un elevado respeto mutuo. En los años sesenta esa competencia se transformó en posturas adversas, y el respeto se convirtió en desconfianza”.
Regulatory Toxicology es la publicación oficial de la Sociedad Internacional de Regulación Toxicológica y Farmacológica, una asociación entre cuyos directivos hay un Ejecutivo de Coca-Cola, consultores de las Corporaciones y abogados.
En un correo dirigido a este Centro, el Presidente Sue Ferenc negó que la sociedad jugase algún papel relevante en el editorial de la revista. Al margen de este sociedad, Ferenc encabeza el Consejo de Productoress y Distribuidores de Agrotecnología, un grupo relacionado con los pesticidas que posee su propio comité de acción política.
Pero se ha producido un solapamiento entre la sociedad y la revista, durante años.
Gary Yingling, ex fiscal de la FDA que ahora representa a clientes de la Industria, ha sido miembro del consejo editorial de Regulatory Toxicology desde 1981, mientras que también ha sido asesor general de la sociedad. Otro miembro del Consejo, Terry Quill, es abogado de la Industria y ex Presidente de la Sociedad, que dirigió la campaña de la sociedad contra el etiquetado del cloroformo como cancerígeno. La EPA ha clasificado al cloroformo, un subproducto de la cloración del agua, como probablemente carcinógeno para los seres humanos.
Uno de los beneficiarios del Premio a los Logros es una figura muy conocida de la revista, McClellan, uno de nuestros críticos, que también pertenece al plantel de Regulatory Toxicology. La sociedad le atribuye la creciente popularidad de la revista como fuente importante de su éxito y de la estima.
En respuesta a las preguntas sobre el apoyo financiero de la Industria a la sociedad, el entonces Presidente Christopher Borgert escribió en una hoja informativa de 2008: “La Ciencia tiene un medio objetivo de evaluar la información, pero nada tiene que ver con quién tiene el dinero y el porqué… El proceso científico deja al margen al científico, con sus conflictos de interés y su mirada parcial, en la medida de lo humanamente posible [sic] en el proceso de generación de datos y de su interpretación”.
Los editores de la revista Regulatory Toxicology también han ocupado un espacio en las noticias: Adicto al tabaco, en una entrevista concedida a The Wall Street Journal en 1997, Coulston decía que la nicotina no era adictiva y que el tabaco no causaba cáncer. En 2001, al laboratorio de Nuevo México que trabajaba con chimpancés le fueron retirados los fondos federales al ser acusado de maltrato animal.
Gori se convirtió en editor de Regulatory Toxicology tras la muerte de Coulston en 2003, y también ha ejercido de Presidente de la Sociedad.
En el año 2013, él y otros 17 editores de revistas de toxicología escribieron un editorial criticando los planes de la Unión Europea de regular las sustancias químicas conocidas como disruptores endocrinos. De los 18 editores, sólo uno no tenía vínculos con la Industria.
“TODO ESE RUIDO”
“Si usted recibe una llamada y observa que se trata de un número oculto, entonces puede sospechar e ignorar esa llamada”, escribió Grandjean en 2012. “La profesión de escritor científico debe ser así de simple para que podamos concentrar nuestra atención en las fuentes en las que confiamos”.
Sin embargo, los representantes de la EPA, FDA y Seguridad Ocupacional y Administración Sanitaria, dijeron que sus Agencias tienen en cuenta por igual a las fuentes científicas, independientemente de donde proceda la financiación. Se aconseja la divulgación científica por los tres organismos, pero no es algo obligatorio.
Se solicita de los portavoces de la FDA que revelen sus pertinentes relaciones financieras, pero la Agencia no impide su presencia a aquellos que no las quieran hacer públicas.
Las fuentes científicas de la EPA y de la OSHA se evalúan sobre una base, caso por caso. Por parte de la EPA se pide que los autores revelen “sus fuentes de financiación y otros intereses pertinentes”, mientras que la OSHA pide que los que proponen normas proporcionen información en sus comunicaciones.
Lo que debe o no ser conocido es objeto de debate. “No hay acuerdo sobre qué es un conflicto de intereses. De la divulgación científica se dice actualmente: voy a revelar que recibo financiación de la Industria, ya que es una fuente potencial de parcialidad en las investigaciones. El lector tendrá que decidir por sí mismo si efectivamente es así o no. Buena suerte. Este es el sentimiento actual, la demonización de aquel que trabaja al lado de la Industria”, dijo Arthur Caplan, Director fundador de la División de Ética Médica del Centro Médico Langone de la Universidad de Nueva York, y agregó que no tenía en cuenta el posible sesgo por recibir dinero de las fundaciones privadas o del Gobierno.
No existen políticas de divulgación para eliminar la parcialidad, dijo Sheldon Krimsky, Profesor de la Universidad de Trufts, que estudia la Ciencia y las políticas públicas, para que la gente pueda evaluar los posibles conflictos que pueden haber influido en los resultados: “La Ciencia no es una cuestión de esto o de aquello, sino que hay todo tipo de matices. Se pueden sacar conclusiones más allá de lo que digan los datos le puedan decir a uno”.
Las propias investigaciones de Krimsky han descubierto que
los estudios respaldados por la Industria generalmente producen unos resultados que refuerzan las consideraciones de la Industria. “Las Empresas quieren que usted obtenga unos resultados determinados. No van a publicar ese estudio si usted no lo hace así”.
Incluso si la comunicación se hace de forma adecuada, la evaluación de la credibilidad de un estudio requiere tiempo, dijo Sass del NRDC: “Al final, todos tenemos que pasar por esta prueba de méritos; así lo piden la EPA y otras Agencias federales. Esto nos obliga a comprobar los vicios, artículo por artículo”.
En el proceso de regulación de las Agencias federales, esto implica varias audiencias y reuniones públicas adicionales, en las que los activistas tienen que dar la cara, y a menudo son superados por los representantes de la Industria.
“El Sistema no puede manejar todo ese ruido. La Ciencia tiende a quedar en un segundo plano, y son la política y la economía las que salen ganando. Cuando hay mucho ruido presente, otros factores no objetivos entran en juego”.
FUENTE:https://noticiasdeabajo.wordpress.com/. ORIGINAL: https://www.publicintegrity.org/2016/02/18/19307/brokers-junk-science.
